USCIS cambia las reglas para la green card: qué revisará ahora y quiénes deben estar atentos
USCIS implementó un nuevo criterio de evaluación de carga pública y comenzó a exigir la edición actualizada del Formulario I-485 para las solicitudes de residencia presentada a partir del pasado 18 de septiembre.
Desde este viernes 18 de septiembre, USCIS aplica un nuevo criterio para evaluar el llamado “public charge” en determinados procesos migratorios y comienza a utilizar una nueva versión del Formulario I-485, el documento que se utiliza para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio dentro de Estados Unidos.
El cambio es importante para las personas que están en proceso de obtener una green card porque modifica la manera en que los oficiales de inmigración pueden valorar la situación económica y las circunstancias personales de cada solicitante. La nueva política sustituye el marco establecido por la regulación de 2022 y devuelve a USCIS un margen más amplio para analizar el conjunto de factores de cada caso.
Eso no significa que recibir un beneficio público produzca automáticamente un rechazo de la solicitud. La regla establece que la determinación debe hacerse de manera individual, tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias del solicitante. Pero sí significa que la revisión puede ser más amplia que bajo las reglas que estuvieron vigentes desde 2022.
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¿Qué cambió este 18 de septiembre?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en julio una regla definitiva que rescinde la regulación de 2022 sobre “public charge”. USCIS emitió posteriormente una nueva guía para explicar cómo aplicará ese criterio.
La nueva regla entró en vigor este 18 de septiembre y se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas mediante el Formulario I-485 a partir de esta fecha. Para quienes presentan una solicitud de admisión a Estados Unidos, también se aplica a las solicitudes realizadas desde ahora.
El cambio fundamental está en la amplitud de la revisión. USCIS señala que sus oficiales pueden considerar los factores establecidos por la ley, la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos y otros elementos individualizados que sean relevantes para determinar si una persona probablemente se convertirá en una carga pública.
La agencia describe el análisis como una evaluación de la “totalidad de las circunstancias”. En otras palabras, no existe un único dato que, por sí mismo, determine necesariamente el resultado de todos los casos.
El dinero ya no es el único elemento de la revisión
La nueva política permite que USCIS valore un conjunto más amplio de circunstancias relacionadas con la capacidad de una persona para mantenerse por sí misma.
Entre los factores establecidos por la ley que pueden entrar en el análisis están la edad, la salud, la situación familiar, los recursos y la situación financiera, así como la educación y las habilidades. La agencia también puede considerar otros datos individualizados que sean relevantes para el caso.
Esto es importante porque la evaluación no funciona como una tabla en la que una persona suma o resta puntos para obtener la residencia. USCIS debe analizar las circunstancias particulares del solicitante y determinar, bajo el estándar correspondiente, si existe una probabilidad de que se convierta en una carga pública.
La propia regla elimina buena parte de las restricciones que la regulación de 2022 había establecido sobre los factores que podían utilizar los funcionarios. DHS sostiene que el nuevo marco permitirá realizar evaluaciones individuales y basadas en las circunstancias de cada caso.
¿Qué pasa con los beneficios públicos?
Aquí está uno de los puntos que más puede generar confusión.
Bajo la nueva regla, USCIS puede considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos (“means-tested public benefits”) cuando corresponda. Además, la fecha en que se recibieron esos beneficios importa.
DHS estableció que los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán considerados bajo el marco anterior, que permitía tomar en cuenta principalmente la asistencia pública en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo a cargo del gobierno.
Para los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre, el nuevo marco permite considerar cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos económicos dentro del análisis correspondiente.
Esto no equivale a decir que todos los beneficios públicos cuentan automáticamente contra una persona. El análisis sigue siendo individual y depende de las circunstancias del caso.
Por eso, una familia que haya recibido algún tipo de ayuda pública no debería asumir por sí sola que su solicitud de residencia será rechazada. Del mismo modo, tampoco debería asumir que ese beneficio será irrelevante sin revisar cómo encaja en su situación migratoria.
El nuevo I-485 también entra en vigor
El cambio de política viene acompañado de una modificación práctica que puede provocar rechazos si se utiliza el documento equivocado.
USCIS comenzó a utilizar este 18 de septiembre una nueva edición del Formulario I-485, con fecha de edición 09/18/26. La agencia advirtió que no habrá un periodo de gracia.
Eso significa que las versiones anteriores —incluidas las ediciones 01/20/25 y 09/04/26— serán rechazadas si se presentan con matasellos o se envían electrónicamente a partir del 18 de septiembre. Desde esa fecha, USCIS acepta únicamente la edición 09/18/26 para las solicitudes correspondientes.
El nuevo formulario fue modificado específicamente para alinearse con el nuevo criterio de “public charge”. Entre otros cambios, USCIS reorganizó la sección relacionada con los beneficios públicos y la información que debe proporcionar el solicitante.
Por eso, una persona que tenga preparada una solicitud de ajuste de estatus no debería simplemente imprimir una copia del I-485 que tenía guardada en su computadora o que había descargado semanas atrás.
La fecha de edición del formulario es ahora un dato que debe comprobarse antes de presentar la solicitud.
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¿A quiénes afecta?
El cambio interesa principalmente a quienes buscan obtener la residencia permanente mediante un proceso sujeto al análisis de inadmisibilidad por “public charge”, incluyendo determinados solicitantes de green card por vías familiares o laborales y otros procesos de inmigración.
También puede tener relevancia para personas que solicitan una visa de inmigrante desde el extranjero, porque la regla se refiere tanto a determinadas solicitudes de admisión como a los procesos de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
Pero no todos los inmigrantes están sujetos de la misma manera al análisis de carga pública. Existen categorías y situaciones migratorias que cuentan con excepciones previstas por la ley o con reglas particulares.
Por esa razón, no es correcto trasladar el nuevo criterio a todas las personas que tienen una green card, una solicitud migratoria pendiente o algún tipo de beneficio público.
¿Y quienes ya tienen una green card?
El cambio tampoco significa que USCIS vaya a revisar automáticamente a todos los residentes permanentes para decidir si pueden conservar su tarjeta.
La modificación está dirigida principalmente a las determinaciones de inadmisibilidad relacionadas con solicitudes de admisión y ajuste de estatus sujetas al criterio de “public charge”. El propio texto de DHS establece que la nueva regla se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas desde el 18 de septiembre de 2026 y a determinadas solicitudes de admisión realizadas desde esa fecha.
Por ello, tener actualmente una green card no equivale a estar presentando una nueva solicitud de residencia.
Una regla que vuelve a ampliar la discreción de USCIS
El cambio representa un regreso a un modelo en el que los oficiales cuentan con mayor libertad para valorar las circunstancias particulares de cada solicitante.
La regulación de 2022 había establecido definiciones y límites específicos sobre qué beneficios podían considerarse y cómo debía realizarse el análisis. La nueva regla elimina buena parte de ese marco y permite a USCIS considerar un conjunto más amplio de información relevante.
DHS defiende el cambio argumentando que la legislación migratoria permite una evaluación más amplia de la autosuficiencia del solicitante. La agencia recibió 8,846 comentarios sobre la propuesta de regla y finalmente decidió publicarla prácticamente en los términos propuestos.
La medida también ha generado críticas de organizaciones y grupos que participaron en el proceso regulatorio. El propio documento del Federal Register recoge comentarios que cuestionaron la amplitud de la discreción otorgada a los oficiales y los posibles efectos de la regla sobre solicitantes y familias de estatus migratorio mixto.
Lo que debe revisar quien vaya a solicitar la green card
Para quienes estén preparando un Formulario I-485 desde el 18 de septiembre, hay varios puntos que ahora adquieren especial importancia.
Primero, utilizar la edición 09/18/26 del formulario. USCIS no contempla un periodo de transición y puede rechazar las versiones anteriores presentadas a partir de la fecha de entrada en vigor.
Segundo, revisar cuidadosamente la nueva sección relacionada con los beneficios públicos y responder de acuerdo con la situación real del solicitante.
Tercero, considerar que USCIS puede evaluar la información financiera, familiar, educativa, laboral y relacionada con la salud dentro del análisis de la totalidad de las circunstancias cuando el caso esté sujeto al criterio de “public charge”.
Y cuarto, no confundir la existencia de un beneficio público con una descalificación automática. El nuevo sistema no establece que una persona que haya recibido un beneficio necesariamente perderá la posibilidad de obtener una green card. La determinación depende del conjunto de circunstancias que USCIS considere relevantes.
La fecha que deben tener presente los solicitantes
El 18 de septiembre de 2026 marca, por tanto, dos cambios relacionados pero distintos: comienza a aplicarse el nuevo criterio de “public charge” y USCIS empieza a exigir la nueva edición del Formulario I-485.
Para una persona que está preparando su solicitud de residencia, el cambio más inmediato es práctico: presentar el formulario equivocado puede provocar el rechazo del paquete.
Y en el fondo existe una modificación más amplia: USCIS vuelve a tener capacidad para realizar una evaluación individual y más extensa de las circunstancias económicas y personales de determinados solicitantes.
La regla no convierte el uso de un beneficio público en un rechazo automático, pero sí cambia el universo de información que puede entrar en la evaluación. Para quienes estén preparando una solicitud de green card, conocer esa diferencia es fundamental.
La información migratoria puede cambiar mediante nuevas decisiones administrativas o judiciales. Antes de presentar una solicitud, USCIS recomienda consultar la versión vigente del formulario y sus instrucciones. En casos individuales, la elegibilidad puede depender de circunstancias que no pueden determinarse únicamente a partir de esta información general.
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