Nueva regla migratoria entra en vigor el 18 de septiembre: qué deben saber quienes buscan la residencia
USCIS volverá a evaluar el uso de ciertos beneficios públicos y la situación económica de quienes soliciten la residencia permanente. Esto no significa que recibir Medicaid o SNAP provoque automáticamente el rechazo de una Green Card.
El próximo 18 de septiembre de 2026 entrará en vigor una nueva regulación sobre la llamada “carga pública”, el criterio que permite al gobierno determinar si una persona que busca entrar a Estados Unidos o convertirse en residente permanente podría depender principalmente de la asistencia pública.
La nueva norma elimina buena parte del marco establecido en 2022 y devuelve al Departamento de Seguridad Nacional una capacidad más amplia para analizar las circunstancias individuales de determinados solicitantes. Así lo establece la regla publicada en el Federal Register.
Para las familias latinas que tienen un proceso migratorio en marcha, hay una fecha que conviene marcar: 18 de septiembre. Pero también hay algo igual de importante: no todos los inmigrantes están sujetos a la regla de carga pública y recibir un beneficio público no significa automáticamente perder la posibilidad de obtener una Green Card.
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¿Qué cambia el 18 de septiembre?
Hasta ahora, bajo las reglas de 2022, la evaluación de carga pública estaba limitada principalmente a dos situaciones: recibir determinados beneficios públicos en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos o una institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional establece que, a partir del 18 de septiembre, los funcionarios podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos —means-tested benefits—, junto con otros elementos de la situación individual del solicitante. La explicación completa aparece en la regla final publicada por el Federal Register.
Entre los factores que pueden entrar en el análisis están la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos económicos, situación financiera, educación, habilidades y otros elementos relevantes para determinar si existe una probabilidad de convertirse en una carga pública.
¿Qué beneficios podrían ser considerados?
La nueva regulación ya no establece una lista tan limitada de beneficios públicos que puedan ser considerados. DHS señala que los funcionarios tendrán discreción para valorar beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos recibidos a partir del 18 de septiembre.
Entre los programas que pueden entrar en el análisis están:
- SNAP, conocido popularmente como food stamps.
- Medicaid, con las consideraciones establecidas por la nueva regla.
- CHIP, el programa de seguro médico para determinados niños.
- Algunos programas de vivienda sujetos a comprobación de recursos.
- Programas de asistencia alimentaria.
- Otros beneficios públicos que dependan de la situación económica del solicitante.
La propia regulación deja claro que la utilización de uno de estos beneficios no determina por sí sola que una persona sea considerada una carga pública.
Recibir Medicaid no significa perder la Green Card
La nueva regulación permite que USCIS considere Medicaid y otros beneficios sujetos a comprobación de recursos como uno de los elementos del análisis, pero no establece que su utilización produzca automáticamente una decisión negativa.
El funcionario puede valorar cuánto tiempo recibió una persona el beneficio, cuándo lo recibió, si recibió uno o varios programas, su situación laboral, su edad, su salud, sus recursos económicos y otras circunstancias.
Por eso, dos personas que hayan recibido el mismo beneficio podrían presentar circunstancias completamente diferentes ante inmigración.
¿Y qué pasa con SNAP?
DHS señala que los funcionarios podrán considerar la recepción de SNAP a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva regulación, pero también tendrán que evaluar las circunstancias particulares del solicitante.
Hay que recordar que el SNAP tiene más de 118 millones de beneficiarios.
La duración, la frecuencia y el contexto en el que recibió el beneficio pueden formar parte del análisis.
Por eso sería incorrecto decir que “usar SNAP te impide obtener la residencia”. No existe una regla automática de ese tipo. La nueva regulación amplía la información que puede ser considerada dentro de una evaluación individual.
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Lo que hayas recibido antes del 18 de septiembre importa
La regla indica que los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán evaluados bajo el régimen anterior. Es decir, DHS no aplicará retroactivamente las nuevas reglas para convertir en problema un beneficio que anteriormente estaba excluido.
Por ejemplo, determinados beneficios no monetarios que una persona recibió antes de la entrada en vigor de la nueva norma no serán considerados bajo el nuevo criterio simplemente porque la solicitud de residencia se presente después.
Hay, sin embargo, una situación que merece atención: si una persona continúa recibiendo un beneficio después del 18 de septiembre, esa recepción posterior sí puede entrar en el análisis bajo las nuevas reglas.
¿A quién afecta la nueva regla?
La carga pública es una regla de inadmisibilidad. No se aplica indiscriminadamente a todas las personas que viven en Estados Unidos.
Puede ser relevante para determinadas personas que solicitan una visa, buscan ser admitidas en Estados Unidos o solicitan el ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes.
Por eso, una persona que ya tiene una Green Card no debe interpretar esta noticia como si su residencia estuviera automáticamente en riesgo por haber utilizado Medicaid, SNAP u otro programa.
Tampoco significa que cada inmigrante que tenga un trámite ante USCIS quede sujeto al análisis de carga pública. La categoría migratoria concreta es fundamental.
USCIS explica en su información oficial sobre el motivo de inadmisibilidad por carga pública quién puede estar sujeto a esta evaluación y cuáles son las excepciones.
Hay inmigrantes que están exentos
La documentación de USCIS identifica categorías que están exentas del motivo de inadmisibilidad por carga pública.
Entre ellas están determinados solicitantes de:
- Asilo y refugio.
- TPS.
- Visa T, para determinadas víctimas de trata.
- Visa U, para determinadas víctimas de delitos.
- VAWA, para ciertos sobrevivientes que presentan una autopetición.
- Special Immigrant Juvenile Status, entre otras categorías humanitarias.
USCIS señala que quienes solicitan el ajuste de estatus basándose en una categoría exenta también están exentos de la determinación de carga pública. La agencia detalla estas excepciones en su material para abogados y organizaciones que trabajan con inmigrantes.
Esto vuelve a demostrar por qué una respuesta general de “sí afecta” o “no afecta” puede ser engañosa.
¿Qué pasa si un familiar recibe beneficios?
Otro punto importante para las familias latinas es que el beneficio recibido por un familiar no se convierte automáticamente en un beneficio recibido por el solicitante.
DHS señala que no está considerando como si fueran propios los beneficios que reciben otros integrantes de la familia. Sin embargo, la situación económica familiar puede formar parte del análisis general cuando sea relevante para determinar los recursos y la capacidad económica del solicitante.
Por eso tampoco sería correcto decir: “Si tu hijo recibe Medicaid, no podrás obtener la residencia.” La regla no funciona de esa manera.
¿Qué deben hacer quienes tienen un trámite de residencia?
La nueva regla se aplicará a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas o enviadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026. También se aplicará a las solicitudes de admisión presentadas a partir de esa fecha.
Quien tenga previsto presentar una solicitud de residencia alrededor de esa fecha debería revisar su situación concreta antes de decidir cuándo presentar.
Eso incluye revisar:
- qué categoría migratoria está utilizando;
- qué beneficios públicos recibe o ha recibido;
- desde cuándo los recibe;
- durante cuánto tiempo;
- su situación laboral;
- sus ingresos y recursos;
- la situación de las personas que dependen económicamente de él o ella;
- y si existe alguna exención de carga pública aplicable a su caso.
No hay una respuesta universal.
No dejes de recibir atención médica por miedo sin revisar tu caso
La nueva regla puede generar preocupación entre familias inmigrantes que dependen de programas públicos para cubrir necesidades básicas.
Pero abandonar un tratamiento médico, dejar de alimentar a un hijo o renunciar a un programa de asistencia sin conocer las consecuencias puede ser una decisión equivocada.
La regla migratoria y las reglas de elegibilidad para cada programa son cuestiones diferentes. DHS no está diciendo que Medicaid, SNAP o CHIP dejen de estar disponibles por la nueva regulación. Lo que cambia es la manera en que ciertos beneficios pueden entrar en el análisis de carga pública para determinadas solicitudes migratorias.
Por eso, quienes estén en un proceso de residencia y tengan dudas sobre sus beneficios deberían consultar a un abogado de inmigración o a un representante acreditado por el Departamento de Justicia antes de tomar una decisión.
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