Exfuncionario de USCIS es arrestado por vender green cards y ciudadanías: cobró 1.7 millones de dólares
La investigación federal en Texas destapó un esquema que habría manipulado solicitudes migratorias y evitado controles obligatorios para beneficiar a ciertos solicitantes
Un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) fue arrestado junto con un presunto cómplice, acusado de participar en un esquema de corrupción que habría permitido aprobar y acelerar trámites migratorios a cambio de dinero. De acuerdo con la acusación federal, ambos habrían obtenido alrededor de 1.7 millones de dólares en ganancias mediante estas malas y fraudulentas prácticas.
Lukman Owolabi Ganiyu, quien se desempeñó como oficial sénior de USCIS, habría utilizado su posición entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 para intervenir ilegalmente en expedientes migratorios. Su presunto socio, Adeniyi Akeem Somoye, también fue detenido el 2 de septiembre y enfrenta cargos relacionados con el mismo esquema.
¿Cómo habría funcionado el fraude dentro de USCIS?
Según los fiscales, Ganiyu utilizó su autoridad para aprobar o acelerar solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos por la legislación federal. Para conseguirlo, presuntamente evitó controles que normalmente forman parte del proceso migratorio, incluidos entrevistas, revisiones de supervisores, límites de jurisdicción y verificaciones de antecedentes.
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La investigación sostiene que los pagos estaban vinculados directamente con determinadas aprobaciones. Los agentes también encontraron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos trámites migratorios eran gestionados por ambos.
Entre los procesos presuntamente manipulados aparecen solicitudes relacionadas con green cards, naturalización y peticiones familiares. El expediente judicial menciona formularios como el I-130, utilizado para determinadas peticiones familiares; el I-485, para el ajuste de estatus y la residencia permanente; el I-751, para retirar las condiciones de ciertas residencias; y el N-400, correspondiente a la solicitud de ciudadanía estadounidense.
El alcance de la investigación resulta especialmente relevante para los inmigrantes que dependen de USCIS para regularizar su situación en EE.UU. La acusación señala que algunos beneficiarios no reunían las condiciones necesarias para recibir la aprobación, pero sus expedientes habrían avanzado gracias a la intervención del exfuncionario.
El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, describió el supuesto mecanismo como un grave abuso de la confianza pública. La investigación fue realizada por la Oficina de Investigaciones de USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI en Dallas.
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Ganiyu y Somoye comparecieron inicialmente ante un juez federal el mismo 2 de septiembre. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para la entrega de beneficios ilegales por parte de un funcionario público.
Si son declarados culpables, cada acusado podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250,000 dólares. Sin embargo, la acusación no equivale a una condena, ya que ambos deberán enfrentar el proceso judicial y, por ahora, se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.
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