Si un agente federal te agrede, ¿podrás demandarlo? Corte Suprema podría cerrar esa puerta
El tribunal más alto de EE.UU. examina un caso de vulneración de derechos que podría complicar cualquier demanda contra un agente federal en el futuro
Demandar a un agente federal de inmigración, por una presunta agresión durante un operativo, podría convertirse en una alternativa todavía más complicada en Estados Unidos. Actualmente, la Corte Suprema evalúa un caso que podría tener consecuencias para quienes pretenden denunciar este tipo de abusos.
Se trata de Nielsen v. Watanabe, una disputa que se encuentra ante los magistrados desde julio de 2021, cuando se produjo un enfrentamiento entre pandillas dentro del Centro Federal de Detención de Honolulu, en Hawái.
Dicho litigio pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿puede una persona reclamar una compensación económica directamente a un funcionario federal cuando considera que este violó sus derechos constitucionales?
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Sin embargo, esa disputa legal no lo es todo. La respuesta también podría depender del alcance de un precedente judicial conocido como Bivens, establecido en 1971. Según explica National Public Radio (NPR), esa decisión permitió durante décadas que determinadas personas demandaran a funcionarios federales por daños relacionados con violaciones constitucionales.
Pero la propia Corte Suprema ha restringido progresivamente su aplicación y ahora tiene la oportunidad de limitarla todavía más.
Cabe aclarar que el litigio Nielsen v. Watanabe trata sobre la responsabilidad de personal de una prisión federal. En este sentido, su trascendencia está en el posible efecto de la decisión sobre otras demandas constitucionales contra funcionarios federales.
¿Puedes demandar a un agente de ICE por una agresión?
Un inmigrante no pierde automáticamente el derecho a reclamar porque no tenga la ciudadanía estadounidense o porque se encuentre en el país sin autorización migratoria. Sin embargo, demandar personalmente a un agente federal por una violación constitucional es considerablemente más complicado que presentar una denuncia administrativa o intentar obtener una indemnización del Gobierno.
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La principal dificultad está en que las demandas amparadas en Bivens ya tienen un alcance muy limitado. Los tribunales no permiten automáticamente que una persona reclame daños económicos cada vez que un funcionario federal presuntamente vulnera sus derechos.
Para admitir una acción de este tipo, los jueces analizan si el caso se parece suficientemente a alguno de los tres escenarios en los que la Corte Suprema reconoció ese mecanismo. Si consideran que se trata de un contexto nuevo, deben evaluar si existen razones especiales para dejar que el Congreso decida sobre la creación de una vía de compensación.
En materia migratoria, los argumentos relacionados con la seguridad fronteriza, la política exterior y las competencias de las agencias federales han sido utilizados para impedir la ampliación de este tipo de demandas.
Tras las elecciones intermedias, el alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una orden ejecutiva que limita las circunstancias en las que el Departamento de Policía de Houston (HPD) debe comunicarse con ICE. La decisión modifica una política que provocó meses de controversia entre el gobierno municipal, organizaciones defensoras de los inmigrantes y autoridades estatales.
El caso de Kekai Watanabe que está examinando la Corte Suprema
Durante un motín en el Centro Federal de Detención de Honolulu, Kekai Watanabe recibió varios golpes con un arma improvisada descrita como “un candado en un calcetín”.
Después del ataque, el hombre manifestó que tenía fuertes dolores de espalda y solicitó atención médica. Sin embargo, según su denuncia expuesta en el expediente que tiene la Corte Suprema, la enfermera que lo atendió le respondió que “dejara de ser un llorón”.
Watanabe no recibió el diagnóstico adecuado en ese momento. Siete meses después, los médicos determinaron que tenía una fractura en el coxis, el hueso situado en la parte inferior de la columna vertebral.
Ante lo ocurrido, presentó una demanda contra la trabajadora sanitaria y otros funcionarios penitenciarios, alegando que habían vulnerado su derecho constitucional a no sufrir castigos crueles e inusuales.
La pregunta que ahora deberán resolver los magistrados es si el Noveno Circuito se equivocó al reconocer una acción de indemnización bajo Bivens. No están decidiendo directamente si la enfermera violó la Constitución, sino si Watanabe tiene derecho a utilizar esa vía para reclamar daños.
¿Y qué dice el precedente Bivens?
Hay que remontarse a 1971, cuando la Corte Suprema resolvió el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics. En aquel litigio, un hombre identificado como Webster Bivens denunció que agentes federales de narcóticos habían registrado su vivienda y lo habían detenido sin una justificación constitucional válida.
El tribunal reconoció que podía reclamar una compensación económica directamente contra los funcionarios por la violación de sus derechos bajo la Cuarta Enmienda.
La decisión abrió una vía judicial que posteriormente se extendió a otros escenarios, incluyendo el actual Nielsen v. Watanabe. En 1979, mediante Davis v. Passman, la Corte reconoció una reclamación por discriminación de género bajo la Quinta Enmienda.
Un año después, en Carlson v. Green, también permitió que familiares de un preso fallecido por falta de atención médica adecuada demandaran a funcionarios penitenciarios bajo la Octava Enmienda.
Sin embargo, con el paso de los años los magistrados han establecido criterios mucho más restrictivos para admitir nuevas demandas de este tipo. Por ejemplo, en 2022 un hombre llamado Robert Boule acusó a un agente de la Patrulla Fronteriza de entrar en su propiedad y arrojarlo contra un vehículo, provocándole lesiones. También denunció represalias posteriores del funcionario.
La Corte Suprema determinó que no podía extender ese precedente y argumentó que el Congreso y las agencias federales ya disponían de mecanismos para atender denuncias contra los agentes fronterizos y que correspondía al Poder Legislativo, no a los tribunales, decidir si debía crearse una nueva vía de compensación económica.
Por tanto, un inmigrante que denuncie haber sido golpeado por un agente de ICE podría explorar la alternativa de una demanda, pero el resultado dependerá de los hechos, las pruebas y las disposiciones aplicables.
