El nuevo Senado tendrá que salvar al Social Security
El fondo de jubilación de Social Security podría agotar sus reservas en 2032
Los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre modificaron el equilibrio de poder en Washington, pero también dejaron una responsabilidad que alcanzará a los próximos integrantes del Congreso: encontrar una salida para el problema financiero de Social Security, el programa del que dependen millones de jubilados, personas con discapacidad y familias de trabajadores fallecidos.
El fondo que financia las prestaciones de jubilación y sobrevivientes tiene una fecha crítica: el último trimestre de 2032. Si el Congreso no modifica el sistema antes de entonces, las reservas se agotarán y los ingresos que continúen llegando serán insuficientes para pagar todos los beneficios contemplados por la ley.
Los nuevos senadores asumirán sus cargos en enero de 2027 y tendrán parte de su mandato dentro de ese periodo. Algunos ya plantearon aumentar los impuestos sobre los ingresos más altos; otros prefieren reducir gastos, modificar el sistema de ahorro para el retiro o buscar un acuerdo bipartidista. La diferencia entre esas propuestas anticipa una negociación complicada.
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¿Cuándo podría quedarse sin reservas Social Security?
El informe anual de los administradores de los fondos de Social Security, publicado en junio de 2026, proyecta que el fondo de jubilación y sobrevivientes (OASI) podrá cubrir el 100% de los beneficios programados hasta el cuarto trimestre de 2032. Después, los ingresos que continúen entrando al programa alcanzarían para pagar aproximadamente el 78% de las prestaciones previstas.
Esto no significa que Social Security vaya a desaparecer ni que deje de entregar pagos. Significa que, sin una reforma, el dinero disponible no será suficiente para cumplir con el monto completo de los beneficios que establece la ley. La diferencia podría traducirse en una reducción aproximada del 22%.
El escenario cambia si se consideran conjuntamente los fondos de jubilación y discapacidad. Bajo esa proyección, las reservas se agotarían en el tercer trimestre de 2034 y los ingresos permitirían cubrir el 83% de los beneficios programados. Sin embargo, ambos fondos están separados por ley y no pueden combinarse automáticamente.
El impacto económico sería considerable. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés) estima que una pareja de trabajadores con dos ingresos, que se jubile en 2033 y reciba prestaciones promedio, podría perder alrededor de 16,900 dólares anuales si se aplica una reducción del 22%. Es una estimación para ese perfil de beneficiarios, no una cantidad uniforme para todos los jubilados.
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Qué proponen los nuevos senadores para evitar los recortes
La nueva generación de legisladores llega con propuestas diferentes. Entre los demócratas que ganaron escaños en noviembre hay coincidencias en torno a pedir una mayor contribución a los trabajadores con ingresos elevados, aunque no todos plantean hacerlo de la misma manera.
Una de las opciones más discutidas es eliminar o aumentar el límite salarial sujeto al impuesto de Social Security. En 2026, los trabajadores pagan el impuesto correspondiente sobre sus primeros 184,500 dólares de ingresos anuales. Lo que ganan por encima de esa cantidad no está sujeto a la contribución de Social Security.
Juliana Stratton, de Illinois, y Josh Turek, de Iowa, han respaldado eliminar ese límite. Troy Jackson, de Maine, también ha propuesto suprimirlo y aumentar los beneficios. Abdul El-Sayed, de Michigan, apoya eliminar el tope y dejar de cobrar impuestos federales sobre las prestaciones.
Peggy Flanagan, de Minnesota, respalda la Social Security Expansion Act, impulsada por el senador Bernie Sanders. La iniciativa plantea aplicar impuestos sobre los ingresos superiores a 250,000 dólares, eliminar gradualmente el límite salarial y aumentar los beneficios.
Otros legisladores prefieren una modificación parcial. Adam Hamilton, de Kansas, propone elevar el límite para que las personas con ingresos de un millón de dólares contribuyan más, sin necesariamente eliminar el tope. James Talarico, de Texas, ha planteado retirar el límite para los ingresos superiores a 400,000 dólares.
Roy Cooper, de Carolina del Norte, también ha defendido que las personas con mayores ingresos contribuyan más al programa, aunque no ha presentado un mecanismo específico. Chris Pappas, de New Hampshire, se opone a recortar beneficios, aumentar la edad de jubilación o privatizar el sistema, y ha planteado la necesidad de una solución bipartidista.
Las propuestas no son equivalentes. Los actuarios de la Administración del Seguro Social estiman que eliminar el límite salarial a partir de 2027, sin conceder beneficios adicionales por los ingresos gravados por encima del tope actual, reduciría aproximadamente el 58% del déficit actuarial proyectado a 75 años. Es una medida importante, pero no resolvería por sí sola todo el problema financiero.
Los republicanos también tendrán que participar
La discusión no se limita a los demócratas. Entre los nuevos senadores republicanos hay legisladores que han defendido proteger los beneficios actuales, pero sus planteamientos para garantizar el financiamiento son menos específicos.
Andy Barr, de Kentucky, ha pedido reformas bipartidistas que protejan a quienes ya están jubilados y promuevan el ahorro privado y los planes de retiro patrocinados por empleadores para las generaciones más jóvenes.
Kurt Alme, de Montana, ha señalado que los ahorros obtenidos al combatir el desperdicio, el fraude y los abusos en otras áreas del Gobierno podrían destinarse a fortalecer Social Security. Sin embargo, no ha detallado cambios concretos al límite salarial ni a la fórmula de beneficios.
Barry Moore, de Alabama, y Harriet Hageman, de Wyoming, respaldaron una iniciativa para eliminar los impuestos federales sobre las prestaciones de Social Security. Hageman también ha defendido que el crecimiento económico, la creación de empleos y una mayor participación laboral pueden ayudar a fortalecer el programa.
Eliminar los impuestos sobre los beneficios también tiene un costo. Un análisis del CRFB calculó que hacerlo sin reemplazar los ingresos perdidos supondría alrededor de un billón de dólares para Social Security durante diez años, además de un impacto adicional en Medicare. Por eso, una reducción de impuestos no equivale automáticamente a una solución para la solvencia del programa.
¿Puede el nuevo Congreso aprobar una reforma a tiempo?
Los demócratas consiguieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. El cambio les dará mayor capacidad para impulsar su agenda legislativa, pero no elimina los obstáculos para modificar Social Security.
La ley federal impide incluir cambios al programa de jubilación, sobrevivientes y discapacidad del Título II de la Ley del Seguro Social dentro del procedimiento presupuestario conocido como budget reconciliation. Por esa vía, el Senado puede aprobar determinadas medidas con mayoría simple y sin superar el procedimiento habitual de cierre del debate.
Para una reforma directa de Social Security, el camino legislativo ordinario hace que el respaldo bipartidista sea especialmente importante. En el Senado, superar un filibusterismo normalmente requiere 60 votos, por lo que una mayoría demócrata no garantiza por sí misma que una propuesta pueda convertirse en ley.
El calendario añade presión. Los nuevos integrantes asumirán sus puestos en enero de 2027 y el fondo de jubilación tiene reservas proyectadas hasta finales de 2032. El Congreso dispondrá de varios años para negociar, pero retrasar un acuerdo reduce el margen para aplicar cambios graduales y dar tiempo a los trabajadores para ajustar sus planes de retiro.
La pregunta no es únicamente si los nuevos senadores quieren proteger Social Security. También tendrán que decidir quién debe aportar más, qué cambios son aceptables y cómo evitar que el costo de la reforma recaiga exclusivamente en los trabajadores o en quienes ya reciben sus beneficios.
Social Security no está condenado a desaparecer en 2032, pero el informe de los administradores deja claro que mantener las reglas actuales no permitirá pagar la totalidad de las prestaciones programadas después de que se agoten las reservas. El nuevo Congreso tendrá que convertir las promesas de campaña en una propuesta que pueda reunir los votos necesarios.
