TAS revela ‘doble contrato’ de Dani Alves con Pumas: 90% del salario en derechos de imagen

El fallo detalló que Alves reportaba 300 mil dólares de salario ante la FMF, mientras 2.25 millones se pagaban a una empresa de su propiedad

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El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió el caso entre Pumas y Dani Alves, derivado de la ruptura del vínculo laboral en 2023, tras la detención del jugador en Barcelona acusado de agresión sexual. La sentencia condenó al brasileño a pagar 2.25 millones de dólares más un interés del 5% anual desde enero de ese año. El fallo revocó la decisión inicial de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que solo había fijado una compensación de 159 mil dólares, y estableció el monto final que el brasileño debe cubrir al club mexicano.

Pero el laudo no sólo resolvió la disputa contractual, sino que también expuso la estructura real de los acuerdos firmados en 2022 entre el equipo y el futbolista. De acuerdo con el “contrato de trabajo” del brasileño, registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol, Alves percibía un salario anual de 300 mil dólares, distribuidos en 12 cuotas mensuales de 25 mil, además de beneficios como vuelos redondos a Barcelona, un coche con chofer y un agente de seguridad. Sin embargo, aunque esa cifra fue la oficial reportada, pero representaba apenas una fracción de lo pactado.

El contrato paralelo de derechos de imagen

La mayor de los ingresos se canalizó a través de un contrato de derechos de imagen firmado con la empresa Flash Forward Esportes e Eventos LTDA, propiedad del futbolista y administrada por su exesposa Dinorah Santa Ana Bastos. Dicho acuerdo ascendía a 2.25 millones de dólares netos, que se dividió en dos pagos, uno por torneo: el primero, al firmarse el contrato en verano de 2022 y otro el 13 de enero de 2023, apenas una semana antes de la detención del jugador en España. Con ello, cerca del 90% del dinero destinado por Pumas a Alves se procesó fuera del salario reportado ante la Federación.

En su apelación, los auriazules reclamaron la devolución de 1.2 millones de dólares correspondientes al segundo pago de derechos de imagen. El club argumentó que ese dinero se había entregado como adelanto para la segunda parte del contrato, misma que el jugador no alcanzó a disputar tras su arresto. Además, exigió la aplicación de la cláusula penal de cinco millones de dólares prevista en el contrato laboral. La directiva sostuvo que, debido a la situación legal del defensor, resultaba imposible explotar su imagen en beneficio de la institución. El TAS, sin embargo, rechazó esta pretensión.

Un fallo con límites para Pumas

El problema para el club fue que este contrato paralelo no contemplaba cláusulas de devolución en caso de terminación anticipada del vínculo laboral. Por eso, durante el juicio se trató como un acuerdo independiente del contrato de trabajo, lo que impidió a los universitarios reclamar directamente el reembolso de las sumas pagadas por adelantado. 

“El Apelante (Pumas)  ha insistido que la privación de libertad del Jugador ‘impidió e incluso imposibilitó’ al Club a ‘explotar, comercializar o, de cualquier otra forma, beneficiarse de los derechos de imagen’. Esto, sin embargo, no es correcto: la privación de libertad personal bajo ningún punto de vista afectó la cesión de los derechos sobre la imagen del Jugador. No existía obstáculo jurídico ni físico en explotar los derechos de imagen del Jugador. No había, en síntesis, imposibilidad”, comunicó el TAS en el laudo definitivo.

El organismo también calificó como excesiva la penalidad fijada en cinco millones de dólares, al considerar que era casi 17 veces mayor al valor del contrato laboral. Bajo los parámetros de proporcionalidad del derecho suizo, redujo la suma final a 2.25 millones, con intereses acumulables desde la fecha de la rescisión.

El espejo de los dobles contratos en México

Más allá del desenlace jurídico, la resolución dejó al descubierto un sistema de “dobles contratos” que, aunque no es ilegal, sigue siendo habitual en el fútbol mexicano. El esquema consiste en reportar un salario bajo ante la federación y trasladar la mayor parte de los ingresos a convenios de derechos de imagen u otros pagos de terceros. Esta práctica reduce cargas fiscales para los equipos y ofrece ventajas contables, pero refuerza la percepción de opacidad financiera y malos manejos en la administración de los clubes de la Liga MX, un terreno donde la falta de regulación y transparencia mantiene abiertas dudas sobre la verdadera magnitud de los recursos que circulan en el balompié nacional.

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