Grupo Pachuca da su postura sobre el caso Jesús Martínez

Un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del presidente de Grupo Pachuca

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El conflicto legal entre Grupo Pachuca y su antigua televisora resurgió luego de que un juez de control de la Ciudad de México emitiera una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente del consorcio, y su abogado, Gerardo Cabrera Acosta.

Mediante un comunicado oficial, el grupo empresarial calificó la decisión judicial como “excesiva, irregular y violatoria de derechos fundamentales”, y denunció que “el sistema judicial se utiliza de forma indebida para afectar los derechos de la institución”.

El origen del conflicto se remonta al rompimiento entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman por los derechos de transmisión de los partidos de los clubes Pachuca y León. Según la versión del consorcio hidalguense, el contrato con la televisora concluyó formalmente el 26 de mayo de 2024, fecha en la que se firmó un nuevo acuerdo con otra empresa “con el consentimiento expreso de Grupo Lauman”.

No obstante, la televisora interpuso un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México, en el cual obtuvo medidas precautorias para impedir la transmisión del encuentro Pachuca vs Mazatlán, lo que desató un nuevo episodio judicial.

En el comunicado, Grupo Pachuca aseguró que dichas medidas cautelares fueron concedidas “de manera irregular, pese a existir resoluciones judiciales previas” que acreditaban la validez del nuevo contrato de transmisión.

El documento también indica que tanto Martínez Patiño como Cabrera Acosta fueron citados a comparecer por el presunto delito de desobediencia de particulares, aunque —según el comunicado— las acusaciones se basan en disposiciones “ya suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local”.

Aun así, el 27 de octubre el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron aprobadas por el juez de control, acción que el grupo calificó como “una decisión desproporcionada”.

El consorcio reiteró que todas sus actuaciones se han realizado conforme a la ley y advirtió que la medida busca “intimidar y manchar una trayectoria de tres décadas”. En su mensaje final, la institución expresó su confianza en que el Poder Judicial rectifique y que el diferendo con la televisora se resuelva “en beneficio de la afición y del fútbol mexicano”.

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