Caso Boyacá Chicó vs Millonarios abre peligrosa puerta legal en el fútbol colombiano
La reciente resolución del Comité Disciplinario de Dimayor ha dejado en evidencia la intención de pasar por alto las bases del derecho.
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Como si se tratase de una bola de nieve, el enfrentamiento legal entre Boyacá Chicó y Millonarios está creciendo con el paso de los días. Entre todas las cosas graves que se han visto en una disputa de una situación en la que hay más dudas que certezas, la que mayor incertidumbre genera es que no se sabe hacia dónde va y bien podría tomar rumbos catastróficos para la organización del fútbol colombiano.
Luego de la resolución emitida por el Comité Disciplinario de Dimayor el viernes, en la que negó las pretensiones de defensa del cuadro Embajador para dejar sin efecto la sanción a Diego Novoa por medio del mecanismo de reposición, surgieron más elementos para abrir huecos jurisprudenciales de cara al futuro.
La entidad ha mantenido su postura de sancionar al portero de Millonarios con seis jornadas al dar como probada una supuesta agresión contra Jacobo Pimentel en una zona cercana a los vestuarios del Estadio La Independencia de Tunja. No obstante, lo ha hecho con mínimo material probatorio sobre lo acontecido y basando el fallo en un único testimonio de un funcionario público de la ciudad con evidente cercanía al cuadro Ajedrezado y que tampoco vio lo que sucedió.
La declaración de Andrés Fernando Suárez Lizarazo, a cargo la Secretaría de Interior en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en ese partido, ha sido tomada como una verdad absoluta a pesar de que acepta que no vio el momento de la supuesta agresión. Sin embargo, se sabe que había más personas ajenas al conflicto presentes durante ese momento, como miembros de la Policía Nacional, personal de logística o periodistas, con los cuales Dimayor no ha hecho el más mínimo esfuerzo por convocarlos para rendir su versión.
De hecho, ese es el punto en el que Millonarios considera que se le está vulnerando su derecho al debido proceso. En lo que viene siendo una actitud totalmente contraria a las bases del derecho, Dimayor ha emitido un concepto en el que pretende que la defensa sea en este caso la que tenga la carga probatoria, cuando es un hecho absoluto en el plano jurisprudencial que esa es una responsabilidad que le corresponde a la parte demandante. Básicamente, esto desconoce la presunción de inocencia y pone al demandado en una situación absurda de tener que demostrar que no es culpable.
Para justificar ese actuar, el Comité Disciplinario cita algunas sentencias del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en las que ha considerado que no todos los conductos de la justicia ordinaria son aplicables dentro de contexto asociativo. No obstante, conceptos de expertos como el de Andrés Charria, reconocido abogado dedicado a jurisprudencia deportiva, han apuntado en otras oportunidades que la legislación del deporte termina adaptándose a las normas legales del territorio donde suceden los hechos.
Más que curioso resulta ese argumento brindado por Dimayor cuando fue precisamente Boyacá Chicó el primero que amenazó con acudir a la justicia ordinaria con una denuncia ante la Fiscalía para buscar un castigo penal y, probablemente, civil en contra de Diego Novoa. No se sabe si finalmente esta acción se puso en marcha o se quedó simplemente en un amague de tirar la piedra, pero es algo que debe tomarse con pinzas.
Habiendo insistido el club Ajedrezado en un comunicado en que Jacobo Pimentel, a pesar de no estar dentro de la lista de convocados, se encontraba en esa zona por su calidad de jugador y de accionista de su institución, la sola amenaza de buscar acciones legales por la vía ordinaria abre la primera puerta de riesgo: ¿los inconvenientes dentro del ámbito deportivo van a terminar en cárcel e indemnizaciones?
Volviendo a la aplicabilidad de los fundamentos del derecho en el contexto del deporte, Dimayor está pasando por alto que, en efecto, es un derecho básico que las partes tengan la oportunidad de un proceso justo. Pasar por alto esto también dejaría la posibilidad de que Millonarios busque la vía constitucional con una acción de tutela en la que sea un juez el que proteja con urgencia la vulneración de las garantías por parte de una entidad privada contra uno de sus asociados. Nada, absolutamente nada, está por encima de la Constitución.
En un estado social de derecho, Dimayor se ha venido acostumbrando a tolerar prácticas inadmisibles como las acciones sancionatorias para reprimir, por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Aunque hay un evidente deterioro en el nivel del arbitraje en el fútbol colombiano, la entidad arremete con dureza contra cualquiera que ose a dejarlo en evidencia.
El mencionado mal actuar de los árbitros, la pésima distribución de las ganancias, los calendarios imposibles de cumplir, las obligaciones disparejas entre clubes, las decisiones inclinadas, el poder de decisión en manos de los clubes chicos y tantas otras dificultades que ya venían sucediendo ahora tienen el elemento explosivo de pocas garantías de justicia. El vaso se está colmando como para que se llegue a pensar en una situación de huelga. Y acá vale la pena preguntarse: ¿qué sería del poderoso y prestigioso fútbol colombiano sin Atlético Nacional, Millonarios ni América de Cali? Son solo tres de los 36, pero son casi todo.
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